La extinción indemnizada del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores permite solicitar la terminación del contrato por determinados incumplimientos empresariales graves. No equivale a presentar una baja voluntaria.
Entre sus causas figuran impagos o retrasos salariales y otros incumplimientos previstos legalmente. Desde abril de 2025 la ley concreta determinados umbrales de impago y retraso, sin excluir otros supuestos que el órgano judicial pueda considerar causa justa.
La indemnización es la correspondiente al despido improcedente, incluido el régimen transitorio que proceda por servicios anteriores al 12 de febrero de 2012. El acceso al desempleo exige los restantes requisitos de protección.
Como regla, debe solicitarse judicialmente; dejar de acudir al trabajo sin valorar el caso puede tener consecuencias. Cuando continuar resulte perjudicial deben estudiarse las medidas de protección y las excepciones admitidas, no dar por supuesta una autorización general para abandonar el puesto.
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