El control judicial sobre las causas del despido colectivo ha experimentado una transformación significativa en España, especialmente tras la reforma laboral de 2012. Esta modificación influyó de manera decisiva en la definición de las causas tasadas que permiten un despido colectivo, eliminando elementos valorativos y finalistas previos. Como resultado, se suprimió el juicio de razonabilidad y la «vara de medir» la justificación de las razones que sustentan la decisión empresarial.

La definitiva evolución del control judicial en el despido colectivo

La normativa actual ya no exige que los resultados desfavorables de una empresa afecten directamente a su viabilidad o a la capacidad de mantener el volumen de empleo. Tampoco es necesario justificar la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer la posición competitiva en el mercado. El legislador eliminó la proyección de futuro en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y desvinculó la causalidad del mantenimiento de la empresa y del empleo. Ahora, el objetivo principal es adecuar la plantilla a la situación real de la empresa, considerando que la afectación de las extinciones a la organización productiva forma parte de la estrategia empresarial, fuera del alcance de la supervisión judicial.

La introducción de una nueva noción para las causas justificativas del despido por necesidades de la empresa encontró su razón de ser en la complejidad de la normativa anterior. Esa complejidad, común al despido colectivo y al objetivo económico, generaba inseguridad y dificultaba la calificación judicial de las decisiones. Además, provocaba interpretaciones heterogéneas por parte de los órganos jurisdiccionales, lo que llevaba a muchas extinciones de contratos indefinidos a recurrir al despido exprés, desnaturalizando las causas legales y aumentando los costes en un contexto de crisis económica.

Alternativas interpretativas para el control judicial

La simplificación del concepto legal de causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, junto con el cambio en el modelo de control judicial, ha planteado diversas interpretaciones. Este nuevo modelo busca circunscribir la labor judicial a verificar la existencia de la causa legal alegada y la ausencia de abuso de derecho o fraude de ley.

Una de las interpretaciones sugiere que basta con demostrar la ocurrencia de las circunstancias fácticas descritas en el artículo 51.1.2° del Estatuto de los Trabajadores o situaciones similares. Según esta visión, el control judicial de fondo se limitaría a verificar la concurrencia de la causa legal invocada, sin entrar en valoraciones sobre proporcionalidad o razonabilidad, que se considerarían parte de la gestión empresarial. El principio de libertad de empresa, consagrado en el artículo 38 de la Constitución, respalda este enfoque, permitiendo a las empresas gestionar sus recursos humanos de forma autónoma.

Bajo esta perspectiva, los tribunales laborales podrían declarar la ilicitud del despido si no se prueban los hechos de la situación económica negativa o los cambios invocados. También podrían intervenir si el empresario excede manifiestamente los límites de la facultad extintiva, como en casos de desequilibrio patente entre la causa y la medida adoptada, o si existen indicios de fraude de ley, por ejemplo, al recurrir al despido colectivo para una situación puramente coyuntural.

Limitaciones del control judicial y equilibrio constitucional

No obstante, la capacidad de aplicar las figuras de fraude de ley o abuso de derecho es limitada y no debe confundirse con un control de proporcionalidad, que es más amplio y profundo. Esta concepción objetivadora de las causas de despido, aunque aparente, depende en última instancia de las valoraciones empresariales sobre la pertinencia y adecuación de la medida.

Otra línea interpretativa entiende que la expresión «causa legal» tiene una doble connotación, fáctica y jurídica. Además de constatar la realidad de los hechos, el juez debe examinar si estos hechos justifican la extinción, lo que implica una operación de calificación jurídica. Los resultados económicos negativos o los cambios en la empresa son el presupuesto habilitante, pero la magnitud y persistencia de estos son clave para subsumir el caso en la causa legal.

Esta segunda postura se alinea mejor con la tutela judicial efectiva de los trabajadores, evitando que se vacíe de contenido el derecho a la defensa. Limitar el control a la mera existencia de hechos podría generar indefensión material. La jurisprudencia, al interpretar esta posición, considera que los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) son un coste social destinado a ayudar a empresas con dificultades reales, no a ser un medio para generar mayor beneficio a costa de la destrucción de empleo sin necesidad justificada.

El Tribunal Supremo, en diversas sentencias, ha señalado que el control judicial se extiende a la conexión de funcionalidad entre la causa y la decisión extintiva. No basta solo la existencia de la causa, sino que esta debe generar la necesidad de ajustar el volumen de empleo y que la medida extintiva sea eficiente y proporcionada.

Compromisos internacionales y flexibilidad empresarial

La interpretación de las causas del despido colectivo también debe considerar los compromisos internacionales, como el Convenio 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo. Este convenio implica un control judicial sobre la razonabilidad y proporcionalidad de la medida, aunque la legislación nacional determina en qué medida los jueces pueden revisar la decisión del empleador.

En el ámbito de la legalidad ordinaria, es importante destacar que el Estatuto de los Trabajadores permite medidas de flexibilidad interna bajo las mismas causas que legitiman el despido colectivo. El despido colectivo, al ser la medida más extrema, debe reservarse para los supuestos más graves donde la extinción de contratos se justifique desde una perspectiva empresarial, social y económica. La facultad empresarial de gestionar con flexibilidad interna, como manifestación de la libertad de empresa y de defensa de la productividad, debe encontrar un equilibrio adecuado con el derecho al trabajo de los afectados.

Los tribunales laborales han sido reacios a indagar sobre el origen de las causas en despidos objetivos por necesidades empresariales, más allá de la mala gestión. Sin embargo, la trascendencia de los intereses en juego en el despido colectivo podría hacerlos más permeables a abordar esta problemática. Se considera que lo relevante para valorar la adecuación a derecho es la constatación de la concurrencia de alguna de las causas legales, independientemente de su origen, excluyendo el fraude de ley o el abuso de derecho.

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