Solicitar el certificado de antecedentes penales para acceder a un empleo es una práctica que genera muchas dudas entre empresas, candidatos y propios trabajadores.
Lo que dice la LOPDGDD sobre los antecedentes penales
La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) establece en su artículo 10 que los datos personales relacionados con condenas, infracciones penales y medidas de seguridad solo pueden tratarse:
- Si están amparados por una norma de Derecho de la Unión Europea.
- Si están permitidos por la propia LOPDGDD o por otra ley de rango legal.
En consecuencia, no se puede exigir libremente un certificado de antecedentes penales a un candidato durante un proceso de selección.
¿Cuándo sí se pueden solicitar los antecedentes penales para un empleo?
Existen excepciones legales que permiten esta solicitud. Por ejemplo, en sectores donde la seguridad sea un factor crítico, como:
Seguridad en aeropuertos
Una norma europea de directa aplicación, como el Reglamento (CE) n.º 300/2008 sobre seguridad de la aviación civil, permite comprobar los antecedentes penales del personal que accede a zonas restringidas de seguridad en aeropuertos.
Otros supuestos legales
También puede contemplarse esta medida en:
- Contrataciones en el ámbito educativo o con menores.
- Centros sanitarios o residencias.
- Cargos públicos o de confianza.
Siempre deberá existir una ley nacional o una norma europea que lo permita expresamente.
Consecuencias de solicitarlo sin respaldo legal
Solicitar los antecedentes penales sin base legal puede suponer una infracción grave en materia de protección de datos, sancionable por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Desde nuestro despacho de abogados, especializado en Derecho Laboral, te asesoramos para que tu empresa cumpla con la normativa de protección de datos y evite sanciones, y si eres trabajador analizar si legítimamente puede pedirte los antecedentes penales.
Conclusión: Solo con respaldo legal
La solicitud de antecedentes penales para un puesto de trabajo solo es legal si:
- Está prevista en una norma legal española o europea.
- Se realiza con las debidas garantías.
Para el resto de casos, esta práctica vulnera la normativa de protección de datos.
