La obligación de alimentos entre parientes protege determinadas necesidades familiares cuando concurren los requisitos legales. Su alcance depende de quién reclama, frente a quién, del estado de necesidad y de los recursos disponibles. Esta guía se refiere al Código Civil común; debe comprobarse si resulta aplicable un Derecho civil territorial o una norma internacional.
Qué incluyen los alimentos
El artículo 142 comprende lo indispensable para sustento, habitación, vestido y asistencia médica. También incluye educación e instrucción durante la minoría de edad y después cuando la formación no haya terminado por causa no imputable al alimentista, así como los gastos de embarazo y parto cuando no estén cubiertos de otro modo.
La necesidad concreta y la capacidad económica deben acreditarse. No existe una cantidad universal ni puede descartarse o incluirse cualquier gasto por su etiqueta de ordinario o extraordinario sin estudiar su naturaleza y el régimen de la obligación.
Quién puede reclamar y quién debe prestar alimentos
El Código Civil regula la obligación recíproca entre cónyuges, ascendientes y descendientes. Para hermanos establece un alcance más limitado, referido a los auxilios necesarios para la vida cuando la necesidad no sea imputable al alimentista y, en su caso, educación.
Cuando pueden resultar obligadas varias personas, el artículo 144 fija un orden: cónyuge, descendientes del grado más próximo, ascendientes del grado más próximo y hermanos, con sus reglas específicas. No debe elegirse al demandado solo por tener mayores ingresos sin examinar ese orden y la situación del resto.
Necesidad del alimentista y capacidad del obligado
La cuantía ha de ser proporcional a los medios de quien paga y a las necesidades de quien recibe. Deben aportarse ingresos, patrimonio, gastos necesarios, situación laboral, formación y circunstancias personales relevantes. La obligación no permite desatender sin más las necesidades propias y familiares del alimentante.
Para un hijo mayor de edad no es requisito universal padecer incapacidad permanente. Importan la necesidad real, la posibilidad de obtener recursos, la formación pendiente por causa no imputable y la conducta relevante según la norma. Cumplir dieciocho años tampoco extingue automáticamente los alimentos.
Varios obligados o varios beneficiarios
Si concurren varios obligados, el pago se distribuye en proporción a sus medios. El artículo 145 permite que, ante urgente necesidad y circunstancias especiales, el juez obligue provisionalmente a uno a prestar los alimentos, conservando su derecho a reclamar la parte de los demás. Por tanto, no es correcto afirmar que nunca puede exigirse a uno la prestación completa provisional.
La determinación de a quién demandar requiere analizar legitimación, grado de parentesco, medios y pagos ya efectuados. Si concurren varios alimentistas y no hay recursos para todos, se aplica el orden legal, con preferencia del hijo sujeto a patria potestad cuando concurre con el cónyuge.
Derecho futuro y pensiones atrasadas
El derecho a los alimentos tiene límites a la renuncia, transmisión y compensación. Sin embargo, el artículo 151 distingue las pensiones atrasadas, que sí pueden ser objeto de determinadas operaciones. No deben confundirse el derecho a pedir protección futura y los créditos ya vencidos.
La muerte y otras causas pueden extinguir la obligación futura, pero los importes ya devengados requieren análisis propio. También debe diferenciarse el plazo de reclamación de esas cantidades del nacimiento del derecho a alimentos.
Desde cuándo se deben y cómo se cumplen
El artículo 148 vincula la exigibilidad a la necesidad, pero establece que no se abonarán sino desde la interposición de la demanda en el régimen allí previsto. Las modificaciones o ejecuciones de una prestación ya fijada requieren revisar sus reglas específicas.
El cumplimiento puede articularse mediante pago o acogiendo al alimentista en la propia casa, dentro de los límites del artículo 149. La opción de convivencia no procede si contradice la situación fijada por normas o resolución, existe justa causa o perjudica al menor. No es una facultad ilimitada de imponer convivencia.
Reclamación, negociación y documentación
Las reclamaciones de alimentos debidos por disposición legal se encauzan conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Deben comprobarse competencia, procedimiento, sujetos y, cuando corresponda, negociación previa. Una simple declaración de que no se quiere negociar no sustituye los requisitos legales; la imposibilidad de contacto y las excepciones tienen reglas de acreditación.
Prepara documentos de parentesco, situación económica, gastos y pagos, junto con comunicaciones y resoluciones previas. Si los alimentos se solicitan dentro de un proceso matrimonial o respecto de hijos, deben examinarse las especialidades de ese procedimiento.
Actualización, modificación y extinción
La variación de medios y necesidades puede justificar un aumento, reducción o cese. Deben distinguirse actualización prevista en la resolución y modificación de la prestación. No basta decidir unilateralmente dejar de pagar una obligación fijada judicialmente.
El artículo 152 contempla, entre otras causas, desaparición de la necesidad, reducción de medios en los términos legales, fallecimiento y determinadas conductas. La mala conducta o falta de aplicación al trabajo tiene un supuesto específico para descendientes. Una relación familiar mala o inexistente no extingue automáticamente los alimentos: su relevancia exige encaje jurídico y prueba.
Derecho civil aplicable
Algunas comunidades tienen regulación civil propia. La residencia en Madrid o la ubicación del despacho no resuelven por sí solas qué norma rige. Deben valorarse las conexiones personales y territoriales y los elementos internacionales. No se trasladan automáticamente las reglas del Código Civil común a Cataluña, Navarra o cualquier otro régimen especial.
Orientación para tu caso
Indica quién necesita los alimentos, su relación familiar, ingresos y gastos, posibles obligados y si existe una resolución previa. Con estos datos puede estudiarse la reclamación, defensa, modificación o ejecución que resulte adecuada.

