Revisión de precios en contratos públicos

Derecho Administrativo

El aumento de costes no genera automáticamente un derecho a elevar el precio de un contrato público. Deben revisarse la ley aplicable, el contrato, la fórmula prevista y los requisitos del mecanismo que se pretenda utilizar.

Revisión periódica y predeterminada

El artículo 103 de la LCSP regula los supuestos y límites de revisión. No todos los contratos ni todos los componentes del precio son revisables. La clase de prestación, recuperación de la inversión y composición de costes pueden resultar relevantes.

La norma contempla también determinados contratos con recuperación inferior a cinco años cuando concurren las condiciones relativas a materias primas, bienes intermedios y energía. No puede aplicarse esa posibilidad sin comprobar su justificación y previsión en los términos legales.

Cláusula, fórmula y periodos

Cuando procede, el pliego debe detallar la fórmula aplicable. El cálculo exige identificar fecha de referencia, índices, ponderaciones e importes de las prestaciones con derecho a revisión. Una variación general del IPC no sustituye necesariamente esa fórmula.

El momento a partir del que cabe revisar depende de los requisitos y excepciones del artículo 103, incluida la regla de ejecución y tiempo transcurrido. La regulación temporal del contrato debe comprobarse; no es adecuado trasladar automáticamente una regla actual a cualquier expediente anterior.

Conceptos que no deben confundirse

La modificación de prestaciones, la revisión del precio y el restablecimiento del equilibrio económico de una concesión tienen fundamentos distintos. Cada figura exige acreditar sus presupuestos y no sirve como sustituto automático de otra que resulte improcedente.

Las medidas excepcionales aprobadas para situaciones concretas deben revisarse por su ámbito material, temporal y territorial. Que una noticia anuncie una revisión extraordinaria no significa que cualquier empresa o contrato pueda acogerse.

Documentar la petición

Reúne pliegos, contrato, certificaciones, facturas, fechas de ejecución y cálculo desglosado. Deben explicarse índices utilizados, partidas incluidas y periodos excluidos, así como lo ya abonado.

Si existe demora imputable al contratista, pueden operar reglas específicas en los índices aplicables. La revisión jurídica y económica debe evitar duplicar cantidades o mezclar mecanismos incompatibles. Con la documentación se valora la procedencia y la forma de solicitar el ajuste, sin garantizar que todo sobrecoste pueda trasladarse a la Administración.

Fuentes: LCSP, artículos 103 a 105.

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