Due diligence fiscal antes de comprar una empresa
Una due diligence fiscal identifica riesgos tributarios antes de comprar una empresa, adquirir activos o realizar una inversión. Su alcance debe definirse según la operación y la información disponible; no equivale a certificar que nunca aparecerá una contingencia.
Qué se revisa
El trabajo puede abarcar declaraciones, contabilidad, retenciones, operaciones vinculadas, incentivos, bases negativas, impuestos indirectos y procedimientos abiertos. Deben identificarse periodos y entidades incluidos y las limitaciones documentales.
También importan obligaciones locales, aduaneras o de otros territorios cuando la actividad las genera. Una revisión centrada solo en el Impuesto sobre Sociedades puede dejar fuera riesgos relevantes.
Contingencias y cuantificación
Conviene distinguir incumplimientos detectados, posiciones discutibles y cuestiones pendientes de información. La estimación económica debe separar cuota, intereses, recargos y eventual sanción, sin dar por cierta una responsabilidad que necesita análisis.
Prescripción, interrupciones y facultades de comprobación requieren revisión propia. No basta contar años desde una declaración para concluir que toda partida histórica es irrelevante.
Efecto en la operación
Los riesgos pueden influir en precio, condiciones de cierre, garantías, retenciones o indemnizaciones contractuales. La compra de participaciones y la adquisición de una actividad no generan necesariamente las mismas responsabilidades.
Los pactos entre comprador y vendedor no vinculan automáticamente a Hacienda. Debe examinarse el régimen legal de responsabilidad y, cuando proceda, los certificados o actuaciones disponibles, sin atribuirles efectos absolutos.
Preparar la revisión
Aporta perímetro de la operación, estructura, cuentas, declaraciones, requerimientos y contratos significativos. Un listado inicial de información ayuda a detectar ausencias y a priorizar asuntos que condicionan la decisión.
El informe debe explicar hallazgos, soporte, incertidumbres y actuaciones recomendadas. La consulta permite acordar un alcance proporcionado y coordinar la revisión fiscal con la jurídica y laboral sin duplicar ni dejar vacíos importantes.
Fuentes: Ley General Tributaria; Ley del Impuesto sobre Sociedades.
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