Delitos fiscales y contables en Madrid
Una liquidación tributaria incorrecta o una deuda con Hacienda no constituyen automáticamente delito fiscal. La valoración penal exige examinar la conducta, el elemento intencional, la cuota y las reglas de cómputo. Asesoramos en la revisión de actuaciones y en la defensa, coordinando los aspectos tributarios, contables y penales del caso.
Qué se analiza en un posible delito fiscal
El artículo 305 regula conductas de defraudación mediante elusión de tributos, retenciones o ingresos a cuenta, devoluciones indebidas o beneficios fiscales. En su modalidad general referida a la Hacienda española exige superar 120.000 euros conforme a las reglas legales de concepto y periodo. No se identifica sin más con facturación, deuda total o una suma indiscriminada de ejercicios.
Existen modalidades y agravaciones con requisitos propios. También debe distinguirse el régimen de la Hacienda de la Unión Europea. La mera presentación de declaraciones no excluye defraudación si otros hechos la acreditan, pero una discrepancia interpretativa tampoco debe equipararse automáticamente a ocultación dolosa.
Irregularidades y delito contable
El artículo 310 contempla determinadas conductas de quienes están obligados por la ley tributaria a llevar contabilidad, libros o registros: incumplimiento absoluto en el supuesto previsto, doble contabilidad o anotaciones omitidas o falsas bajo sus condiciones. No cualquier error o retraso contable es delito.
Es necesario reconstruir los documentos y operaciones reales y diferenciar una corrección técnica de una falsedad consciente. Deben conservarse libros, facturas, extractos, declaraciones y soportes originales. Alterarlos después de conocer una investigación puede agravar la situación y dificultar la defensa.
Regularización y procedimientos paralelos
La regularización del artículo 305.4 tiene requisitos de reconocimiento completo y pago y límites temporales vinculados a actuaciones administrativas o penales. No puede prometerse que cualquier pago posterior elimine la responsabilidad. Las posibilidades de atenuación responden a reglas distintas que también deben examinarse.
El procedimiento penal y la liquidación o cobro tributario pueden relacionarse sin que la apertura de uno paralice automáticamente todo lo demás. Debe revisarse cada notificación y plazo, la competencia para resolver y las medidas o recursos procedentes.
Preparar la defensa
Aporta las notificaciones con su fecha, declaraciones de los periodos afectados, contabilidad, justificantes de operaciones y comunicaciones con asesores. Hay que determinar quién decidió, quién ejecutó y qué información tenía cada interviniente. Ser administrador no permite presumir sin más toda participación penal.
La revisión permite identificar la controversia, ordenar la prueba y valorar asistencia en declaraciones, informes periciales o recursos. Si hay una sociedad investigada, deben examinarse separadamente sus intereses y los de las personas físicas. La estrategia depende de los hechos acreditados, no solo del importe inicialmente reclamado.
Consulta tu caso
Cuéntanos qué ha ocurrido y qué documentos tienes. Revisaremos la situación y las posibles vías de actuación.
Contactar con el despachoSolicitar videoconsultaDerecho Penal
