Contratas y ETT: derechos laborales en Madrid
Trabajar en las instalaciones de otra empresa puede responder a una contrata legítima o a una puesta a disposición por una ETT, pero también puede plantear una cesión ilegal. No basta con el nombre del contrato: hay que examinar cómo se organiza realmente el trabajo y qué obligaciones asume cada empresa.
Contratas y subcontratas
El artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores regula obligaciones y responsabilidades en la subcontratación. Deben analizarse la actividad contratada, la relación con la actividad de la principal, la duración y el tipo de deuda. No todas las responsabilidades tienen el mismo plazo ni el mismo alcance.
El convenio aplicable exige atender a la actividad desarrollada en la contrata, a las reglas sectoriales y, si existe convenio propio, a los términos del artículo 84. No debe utilizarse automáticamente el objeto social de la empresa para elegir condiciones inferiores.
Puesta a disposición por una ETT
Las empresas de trabajo temporal autorizadas pueden ceder trabajadores dentro de los supuestos y límites legales. La persona puesta a disposición tiene derecho a las condiciones esenciales que corresponderían al mismo puesto en la usuaria conforme al artículo 11 de la Ley 14/1994. Deben comprobarse salario y complementos aplicables, jornada y otras condiciones.
La ETT y la usuaria tienen obligaciones diferenciadas. La existencia de una ETT no excluye cualquier irregularidad; hay que revisar la causa y duración, los supuestos prohibidos y las responsabilidades correspondientes.
Cuándo revisar una posible cesión ilegal
Importan quién da instrucciones, organiza horarios, aporta medios y ejerce funciones empresariales. Ningún indicio aislado resuelve todos los casos. Nuestra guía de cesión ilegal desarrolla sus efectos y diferencias.
Si hay cambio de adjudicataria, debe examinarse separadamente una posible subrogación legal o convencional. Contrata, cesión y sucesión de empresa son cuestiones relacionadas, pero no intercambiables.
Documentos para consultar
Aporta contrato, nóminas, comunicaciones, cuadrantes y datos de las empresas implicadas. Explica quién supervisa y cómo se presta el servicio. Conserva las pruebas de forma lícita y señala cualquier despido, impago o sanción con su fecha.
La consulta permite determinar qué derechos se discuten, contra quién dirigir la reclamación y qué plazos requieren atención. Una denuncia inspectora no sustituye automáticamente las acciones judiciales individuales.
Fuentes: Estatuto de los Trabajadores, artículo 42; Ley de empresas de trabajo temporal.
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